LALENGUA

LA MEGAMINERÍA ES UNA FALSA SALIDA

Miles de personas se movilizaron en toda la provincia de Chubut para frenar el intento del gobernador, Mariano Arcioni, de reflotar viejos proyectos de explotación minera que serían devastadores para la provincia desde el punto de vista social y ambiental. El intento del gobernador se da en el escenario de una provincia quebrada por las políticas de endeudamiento que se llevaron adelante en Chubut desde 2016, a tono con lo ocurrido a nivel nacional. Arcioni presenta a la minería como única salida de la crisis, cuando en realidad hay proyectos alternativos, como el presentado por la mesa de unidad sindical provincial, que contempla la suspensión de los pagos de la deuda y una “ley tributaria de emergencia”.

Por: Melisa Molina  |  Fotos: Facundo Geli – Aníbal Aguaisol

Chubut, cada día que pasa, transita una situación más compleja. La provincia –que es la cuarta exportadora del país y la que solía ser una de las más ricas– acarrea deudas con bancos internacionales tomadas a partir del año 2016 y en la actualidad debe más de dos meses de salario a sus trabajadores estatales, a quienes tampoco les pagó el aguinaldo correspondiente al mes de julio. A esto se suma que los alumnos de las escuelas públicas están hace cerca de dos años sin clases y el sector privado tampoco funciona porque no circula dinero. Además, el turismo está frenado por la pandemia, y los hospitales colapsados con médicos que no cobran.

De forma paralela a los reclamos de los distintos gremios unidos en una mesa sindical –que pide la suspensión del pago de la deuda, una auditoría de la misma y una ley tributaria de emergencia para regularizar la situación de los pagos salariales– la megaminería es presentada como la única salida de la crisis económica, lo cual saca a la superficie un peligro latente en la provincia. No se trata de una discusión nueva: si bien desde el 2003 en la provincia rige la ley 5001, que prohíbe ese tipo de actividad en cualquier parte del territorio, el gobernador Mariano Arcioni presentó un proyecto para realizar una “zonificación” y de ese modo activar la minería en la provincia. En los últimos días las marchas “en contra de la mina y a favor del agua” se multiplicaron en decenas de ciudades y este lunes hubo detenciones de activistas mineros en la ciudad de Rawson por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.

Una deuda millonaria

“En 2016, en el marco del desfinanciamiento del gobierno nacional del ex presidente Mauricio Macri, se habilitó a las provincias a tomar deuda externa. Eso fue lo que hizo el ex gobernador Mario Das Neves tomando 650 millones de dólares con un banco de Londres”, explica a Lalengua Martín Pena, Secretario de la regional oeste del sindicato ATECH, y ubica ese hecho como el comienzo de la debacle. “La plata que se pidió afuera fue utilizada para pagar gastos corrientes y otra parte enorme no se sabe dónde fue colocada. La deuda fue incrementando con bancos extranjeros y en la actualidad alcanza unos 1150 millones de dólares”, detalla. Dado el acuerdo con los acreedores, las regalías petroleras se transfieren de manera automática a estos, con lo cual el gobierno provincial no puede postergar los pagos y destinar ese dinero a otros fines como, por ejemplo, pagar los salarios de los trabajadores estatales.

La estrategia del actual gobernador, Mariano Arcioni, a un mes de asumir su nuevo mandato, fue dividir a los asalariados en cuatro rangos distintos: los que cobran menos de 40 mil pesos conforman el primer rango; el segundo lo integran los que cobran hasta 65 mil; el tercero quienes reciben hasta 150 mil y en el cuarto rango están aquellos que cobran más de 150 mil pesos por mes. “Esos rangos se fueron corriendo y el pago ya no fue cada 30 días. Esto trajo y trae cientos de problemáticas: las personas han perdido sus alquileres, deben meses y meses de servicios y han entrado en deudas enormes. Además, como nadie sabe cuándo ni cuánto va a cobrar, cuando tiene plata la guarda y gasta lo menos posible y eso hace que en la provincia haya baja circulación de dinero. En Chubut hay una quiebra financiera enorme y todos estamos empobrecidos”, asegura Pena. Además, indica que es sumamente necesario “poner inversión en edificios porque las escuelas y hospitales están hace tres años abandonados por el estado provincial. Hoy, para 560 mil habitantes, la provincia no llega a 20 camas de terapia intensiva. Es un deterioro enorme”. 

Sumado a todo esto, los casos de coronavirus en la provincia ya fueron 25,363. Andrea Leonnett, delegada del Sindicato de Salud Pública de Chubut (SISAP), expresa en diálogo con esta revista que “en las últimas semanas explotó la pandemia y la cantidad de casos positivos en la provincia y estamos muy colapsados en relación a los recursos humanos. El personal está agotado, hay mucha angustia y a todo eso se suma la enorme incertidumbre de no saber cuándo vamos a cobrar”. “El gobierno nos debe el mes de septiembre y octubre más el aguinaldo de julio, los retroactivos y las categorías. A los compañeros de tercer y cuarto rango todavía no les pagan el mes de agosto. Estamos desesperados”, advierte. 

La megaminería y la histórica lucha del pueblo chubutense

En medio de esta profunda crisis desatada por la toma de deuda irresponsable –de la que tampoco se sabe para qué fue utilizada– el gobierno provincial comenzó a emitir claras señales de simpatía con la actividad megaminera, presentándola como la única salida del enorme problema financiero que ahoga a la provincia desde 2016. Pero esto implicaría violar la normativa vigente, que desde el año 2003 prohibe mediante la ley provincial 5001 la actividad extractivista en todo el territorio provincial. Esta ley fue forjada al calor de las movilizaciones populares. La minería cuenta con un profundo rechazo del pueblo chubutense, sobre todo en las ciudades cordilleranas, como es el caso de Esquel, conocido como “el pueblo del No a la Mina”. 

  El 23 de marzo del año 2003, ante el avance de la minera Meridian Gold, que había oficializado un proyecto ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel y que, además de destruir las montañas, iba a contaminar con cianuro el agua que diariamente toman los habitantes, el pueblo de Esquel expresó su postura frente a esta actividad extractivista en las urnas y un 81 por ciento de los ciudadanos votó por el “no a la mina” en un plebiscito convocado por el Concejo Deliberante de dicha ciudad. Por más que el gobierno provincial de aquel entonces, liderado por el radical José Luis Lizurume, estaba a favor de la actividad, la lucha popular y las asambleas vecinales provocaron que ese mismo año se sancionara la ley provincial 5001 que prohíbe hasta el día de hoy la actividad minera en territorio chubutense. Este lunes, el pueblo esquelense volvió a manifestarse en las calles y más de seis mil personas se movilizaron en contra de la megaminería, una vez más.

Según los vecinos organizados en asambleas, el gobernador Arcioni pretende, ya sin temor a tener ningún costo político porque su imagen está muy desgastada, modificar la ley vigente para permitir la minería por zonas. En el mes de noviembre Arcioni formó parte de la presentación del Plan Estratégico Minero Argentino, y expresó que Chubut “tiene la oportunidad histórica de aportar para la República Argentina y que nuestra provincia salga de la postergación que estamos teniendo en zonas muy distantes”. Además, frente a distintos funcionarios del gobierno nacional y empresarios, contó sobre el desarrollo del “Proyecto Navidad”, que se trata de un enorme yacimiento de plata y plomo ubicado en la zona de la meseta chubutense entre los pueblos de Gastre y Gan Gan.

En declaraciones de las últimas semanas, el gobernador expresó que “somos una provincia minera por excelencia”. Luego, puntualizó que “tenemos la obligación de quienes tenemos la decisión política de llevar adelante este proyecto, de dar la discusión sin eufemismos, sin ideologías, dejando de lado las posiciones dogmáticas y de escuchar esas miles de voces que están en silencio. A mi no me van a callar los ruidosos”. “Quiero dar la discusión con madurez, con humildad y con la solidaridad de dar la oportunidad a los habitantes de la meseta para que puedan tener un futuro digno”, añadió. 

Los trabajadores de la salud, además de llevar a cabo un difícil reclamo salarial en medio de la pandemia, también advierten sobre los efectos catastróficos que el desarrollo de la actividad minera causaría en la salud. Evangelina Chamorro forma parte de la Asamblea de Trabajadorxs de la Salud Pública de la Cordillera chubutense y asegura que “como trabajadoras y trabajadores de la Salud de esta provincia consideramos que nuestra voz debe ser escuchada. Les recordamos a los diputados y diputadas que el cianuro utilizado en la megaminería es letal para todos los seres vivos ya que genera muerte celular. Además, estos emprendimientos megamineros consumen cientos de litros de agua dulce por segundo que no podrá ser utilizada posteriormente por ningún ser vivo por quedar definitivamente contaminada”. Luego señala que “el gobernador Arcioni subestima a este pueblo que lucha hace 18 años contra el extractivismo megaminero, utilizando argumentos contrarios a los que esgrimía años atrás, en campaña, en los que se mostraba defensor del agua y en contra de los proyectos megamineros”.

El extractivismo no es la salida

La mesa de unidad sindical, sin embargo, expresa que la megaminería es una “salida falsa” y lo que proponen ellos para paliar la crisis financiera es un plan que contempla dos grandes ejes: por un lado, la suspensión de los pagos de la deuda y una auditoría para saber a dónde fue a parar esa suma millonaria que no se invirtió en la provincia. Por otro, una ley de tributo de emergencia. Además, exigen un cronograma de pagos de los salarios porque, según indican, “es imposible organizar la vida con este nivel de incertidumbre y atraso en los pagos”. 

El argumento para la aplicación de un tributo de emergencia radica en que todas las actividades extractivistas que se desarrollan en la provincia, como la minería, la pesca furtiva, la extracción de petróleo, de aluminio, y la actividad ganadera, no pagan los impuestos que deberían pagar. “Las actividades que tiene la provincia por la extracción de su enorme cantidad de recursos naturales se va hacia afuera y son propiedad de empresas multinacionales. Aluar, una de las cuatro empresas de aluminio más grandes del mundo, no tributa el canon; la pesca hace cinco años que no paga el canon pesquero; la familia Benetton, por ejemplo, tiene un millón 300 mil hectáreas en la provincia y hace siete años que no paga el impuesto rural inmobiliario”, puntualiza Pena, y expresa que por eso es necesaria una ley que, en un escenario tan crítico, recaude dinero de estos sectores, y que por lo menos de ese modo estos aporten un poco de la plata que se llevan a diario de la provincia sin pagar impuestos.

“La ley de tributo de emergencia que propusimos desde la mesa de unidad sindical jamás fue tratada por la Legislatura porque toca los intereses de los sectores más poderosos, pero, mientras tanto, el gobierno provincial sigue echando a nuestros compañeros y achicando la planta estatal, diciendo que el problema son los jubilados que cobran mucha plata”, denuncia. Para concluir, Pena afirma que desde los sindicatos, como representantes de todos los trabajadores provinciales, “no nos quedamos solo en el reclamo por el salario. Estamos muy preocupados por nuestro futuro”.