LALENGUA

EN ESTA TIERRA SOS EXTRANJERO

Al menos cinco millones de argentinos y argentinas viven en barrios populares mientras que un cuarto del territorio nacional permanece en unas pocas manos. La presencia de los movimientos sociales en las filas del Ejecutivo Nacional y el Congreso, además de la actualización que hizo la pandemia de la crisis habitacional, reinstalan la cuestión de la disputa territorial en la escena pública. En el oficialismo se debate si la toma de terrenos consisten en una necesidad que reclama un derecho, o si se trata de una mera violación a la ley de propiedad privada, sin atender las desigualdades. Lalengua dialogó con el diputado que vive en un terreno ocupado Federico Fagioli, y con referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra y del Frente Popular Darío Santillán.

Por: Juan Funes  |  Foto: Melisa Molina  

Las tomas de terrenos que en los últimos días ocuparon el centro de la opinión pública mostraron, una vez más, la urgencia de dos problemas históricos en Argentina: el acceso a la tierra y a la vivienda. Los datos oficiales de diferentes organismos del Estado ponen números a estas realidades complejas que sufren millones de argentinos y argentinas. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), existen en todo el país 4416 barrios populares, en los cuales viven 935 mil familias, cerca de cinco millones de personas. En relación al acceso a la tierra, los datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA) –publicado este año–, comparados con los de décadas anteriores, muestran que entre 1988 y 2018 la cantidad de chacras se redujo en un 41 por ciento, proceso que el periodista Darío Aranda calificó como una «reforma agraria al revés”. El proceso de concentración de la tierra llevó a que en la actualidad solo el 1,08 por ciento de las fincas concentre el 36,6 por ciento de las tierras (unas 57 millones de hectáreas), mientras que el 54,6 por ciento del total de las explotaciones agropecuarias se reparten el 2,25 por ciento del territorio (3,5 millones de hectáreas). 

“El acceso a la tierra y a la vivienda digna representa un problema estructural de nuestro país que nos remonta como mínimo al genocidio de la autodenominada ‘campaña del desierto’, hasta llegar a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El suelo argentino está manchado por la sangre de los desposeídos”, afirma el diputado del bloque Frente de Todos (FdT) Federico Fagioli en diálogo con Lalengua. Las discusiones en torno a la toma de terrenos lo tocan de cerca: en 2014 participó de una toma en Glew, localidad de Almirante Brown en el sur del conurbano bonaerense, que terminó con la creación del barrio “Pueblo Unido”, en el que vive desde entonces. La presencia de trabajadores y trabajadoras de la economía popular en el gobierno de Alberto Fernández es una marca que trae esperanza para la lucha por estas reivindicaciones, pero no implica una garantía. La disputa en torno a las tomas aparece como un punto de quiebre: el oficialismo puede tomarlo como una necesidad que reclama un derecho, o como una mera violación a la ley de propiedad privada, negando así la historia detrás de las desigualdades. 

“Hay que entenderlo: a nadie le gusta vivir en una toma y menos en este contexto, con un virus tan terrible. Alguien toma tierra porque no tiene otra opción, porque vive hacinado, porque vive en la villa y aumentan el alquiler y porque sino se quedan en la calle”, dice Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), y agrega: “lo primero que tienen que hacer los gobernantes es garantizar los derechos para una vida digna”. Además del acceso a terrenos para construir viviendas, en los últimos años creció la demanda por tierras para la agricultura familiar y agroecológica. Zulma Molloja, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y productora de alimentos, es una de las tantas personas que alzan la voz por este reclamo: “somos pequeños productores y necesitamos que nos den alguna posibilidad. No queremos que nos regalen nada, queremos pagar las tierras con créditos blandos. Pagamos muchísimo de alquiler, y en lugar de pagar eso nos gustaría pagar nuestros terrenos, construir viviendas dignas y seguir produciendo de forma agroecológica”, expresa a Lalengua.

“El acceso a la tierra y a la vivienda digna representa un problema estructural de nuestro país que nos remonta como mínimo al genocidio de la autodenominada ‘campaña del desierto’, hasta llegar a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El suelo argentino está manchado por la sangre de los desposeídos”,

Federico Fagioli
Diputado nacional del Frente de Todos

“Hay que entenderlo: a nadie le gusta vivir en una toma y menos en este contexto, con un virus tan terrible. Alguien toma tierra porque no tiene otra opción, porque vive hacinado, porque vive en la villa y aumentan el alquiler y porque sino se quedan en la calle”

Dina Sanchez
Militante del Frente Popular Darío Santillán

Las organizaciones de la economía popular impulsaron una serie de proyectos para plantear una salida productiva y soberana de estos problemas. El principal ejemplo es el Plan de Desarrollo Humano Integral, presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con un grupo de sindicatos. Se trata de un “Plan Marshall criollo” que busca generar cuatro millones de puestos de trabajo, promover la integración urbana de los barrios populares, “repoblar” el país a través de “nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos”, entre otras metas. Por otro lado, esta semana la diputada del bloque oficialista FdT María Rosa Martínez presentó el proyecto de ley que impulsa el Programa Nacional Marcha al Campo, que tiene como objetivo “promover y reordenar el uso de tierras fiscales pertenecientes a todos los niveles estatales para posibilitar y fomentar el establecimiento de personas y familias argentinas o residentes en nuestro país que opten por instalarse en ellas y dedicarse a la producción de alimentos, a efectos de la movilización de la fuerza de trabajo y creación de empleo genuino, generando valor agregado en origen, así como también un adecuado desarrollo científico y tecnológico, bajo criterios de mano de obra intensiva, soberanía alimentaria y desarrollo sostenible”, según el expediente ingresado a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. 

“Argentina se levanta desde abajo”

“La creación del barrio ‘Pueblo Unido’ fue una hermosa experiencia”, cuenta Fagioli, que hoy tiene 29 años. Tenía 25 cuando junto a un grupo de vecinos y vecinas de Glew trabajadores de la economía popular y trabajadores formales que no podían afrontar el pago de alquileres y no querían seguir viviendo en condiciones indignas, decidieron limpiar un basural en una zona liberada por la policía “usada por grupos de personas que delinquían”, recuerda el diputado. “Empezamos a concretar nuestro sueño y derecho negado a tener una vivienda digna”, afirma. Además de recuperar el terreno, imprimieron en el barrio una lógica solidaria y colectiva: “entre muchos acuerdos, establecimos que nadie podría utilizar la tierra recuperada con fines especulativos o de venta, que todas las decisiones sobre la vida en el barrio serían tomadas de manera colectiva, que la violencia hacia las mujeres no iba a ser aceptada ni tolerada, mucho menos que se utilizaran las viviendas y el barrio para actividades ilegales que perjudiquen la salud de nuestros jóvenes, vecinos y vecinas, entre otros”. Para el diputado aquella experiencia fue una muestra de que la política se construye desde abajo: “con mucho esfuerzo generamos esta respuesta colectiva a una necesidad urgente, y dimos un claro ejemplo de cómo es posible generar políticas efectivas que empiecen a solucionar algunos de los más importantes problemas de los sectores populares”.

El trabajo de las organizaciones sociales en materia de vivienda es de largo aliento. Fagioli destaca la conquista de la ley de “Régimen de Regulación Dominical para la integración Socio Urbana”, y luego la realización del relevamiento de todos los barrios populares del país que fue el Renabap. “Esto nos permitió que los y las habitantes de dichos barrios obtengan un ‘Certificado de Vivienda Familiar’ con el que pueden probar su domicilio y evitar los desalojos. A la vez, este paso es indispensable a la hora de realizar innumerables trámites, como la solicitud de tendido eléctrico, o la constatación de domicilio en el DNI, entre otras cosas. Por primera vez, miles de familias fuimos visibilizadas, incluidas en el mapa de esa Argentina que día a día levantamos bien desde abajo”, afirma el diputado. 

Esa tarea les permitió obtener “una radiografía perfecta” de los 4416 barrios populares del país. “Ahora sabemos cuántos son y qué necesidades tienen. Pudimos cuantificar y tomar total dimensión de cuáles son sus principales problemas. Esas necesidades se recrudecieron por el escenario que produjo la pandemia. Todo lo anterior, nos permitió por fin existir en las estadísticas, por eso ahora es momento de seguir avanzando en esta línea y que existamos en las políticas públicas”, sostiene el diputado. Desde el Congreso, el bloque del Frente de Todos logró que el tema de vivienda se incluyera dentro del proyecto de ley denominado «Aporte extraordinario a las grandes fortunas» por el cual, en caso de aprobarse en ambas cámaras del Congreso Nacional, un 15 por ciento de lo recaudado –proveniente de las personas con fortunas de más de 200 millones de pesos– será destinado a urbanizar los barrios populares, “lo que implica una suma aproximada de 45 mil millones de pesos para comenzar a saldar esta deuda estructural que padecen más de cinco millones de personas en las barriadas”, explica Fagioli.  

“Entre muchos acuerdos, establecimos que nadie podría utilizar la tierra recuperada con fines especulativos o de venta, que todas las decisiones sobre la vida en el barrio serían tomadas de manera colectiva, que la violencia hacia las mujeres no iba a ser aceptada ni tolerada, mucho menos que se utilizaran las viviendas y el barrio para actividades ilegales que perjudiquen la salud de nuestros jóvenes, vecinos y vecinas, entre otros”

Federico Fagioli
Diputado nacional del Frente de Todos

En los últimos días, dentro del oficialismo, hubo dos posturas marcadas respecto a las tomas de terrenos. Fagioli considera que “no hay un posicionamiento hegemónico”, dado que “el discurso de mano dura, represivo, punitivista está encontrando una gran resistencia a diferencia de tiempo atrás, y eso sin duda tiene que ver con la llegada de los movimientos sociales a instancias institucionales del Estado y a la existencia de algunos ministros y ministras que, parecido a nosotros, ven estas situaciones conflictivas de la toma de tierra como un problema de déficit habitacional, una presión por el mercado de tierras, como una compleja vulneración del derecho constitucional a una vivienda digna”. Al diputado las posturas represivas por parte de miembros de su mismo espacio político no lo sorprenden. “El sentido todavía está en disputa, hay que seguir dando la batalla cultural”, sostuvo.

Dina Sánchez fue menos contemplativa, en particular con los dichos del Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, Sergio Massa, quien opinó que a las personas que toman tierras deberían sacarles los planes sociales. “Algunos hablan de sacar el IFE [Ingreso Familiar de Emergencia], de sacar la AUH [Asignación Universal por Hijo]. Gran parte de quienes hablan en Argentina no saben ni representan ni conocen la realidad que se vive en los barrios; no tienen ni idea de lo que tiene que hacer una jefa de familia con dos pibes que apenas llega a alimentar con lo que recibe en el comedor o las ayudas del Estado. Con la pandemia se profundizaron los problemas de la precarización laboral, traducidos en miles de personas que no pueden pagar un alquiler y que son echados a la calle sin contemplación alguna”, señala. La referente del MP Darío Santillán sostiene que el Estado “tiene que hacerse cargo de garantizar el derecho constitucional al techo”, y que para ello solo se requiere “decisión política”. “Estamos en un momento en que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país. Pero no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que palearlo con soluciones que se anticipen al problema”, agrega.

Dina hizo hincapié en que las los sectores populares no están simplemente reclamando derechos, sino además presentando opciones para solucionar los problemas estructurales que se traducen en el desamparo de millones de personas. “Las propuestas que estamos llevando nacen justamente de los sectores que han venido siendo postergados desde hace muchos años. Nosotros no somos solamente quienes estamos en la primera línea de batalla en este contexto de pandemia, somos quienes estamos también llevando propuestas para poder sacar adelante a la Argentina, para poner de pie a la Argentina post pandemia, donde claramente nuestro sector no tiene que seguir en el olvido, sino que al contrario”, dice la militante. 

Para Fagioli hay, además, una perspectiva generacional venturosa proveniente de las personas jóvenes, que puede ser un impulso para lograr imponer las posturas más igualitarias y emancipadoras. “Hay un creciente y esperanzador interés de muchos y muchas jóvenes por transformar la realidad integralmente, pensando en el medio ambiente y en la posibilidad de construir un hábitat sustentable. Creo que es más bien la conciencia de las posibilidades que nuestro territorio ofrece. Cuando hablamos de repoblar nuestra patria nos referimos a eso, a generar una nueva cultura en todos los sentidos, en la relación con la tierra, en la relación con el trabajo y con el valor que se atribuye al mismo. Para nosotros la Argentina es un territorio inmensamente rico y lleno de posibilidades. Por ellas vamos”, afirma. 

“Los pequeños productores somos los que alimentamos al pueblo”

La historia de Zulma Molloja no es distinta a la de otros y otras pequeñas productoras. Empezó a trabajar la tierra como jornalera en Jujuy, pero luego la falta de oportunidades la llevó a trabajar en distintas chacras en la Provincia de Buenos Aires. Los patrones fueron cambiando, pero no la lógica del trabajo: “para nosotros era un trabajo casi esclavo, no nos dejaban ir a hacernos el DNI, que nos tocaba la puerta a las tres de la mañana para que vayamos a trabajar; nos hacían trabajar sin comer, todo el día cosechando frutilla y controlaban que no comiéramos ni una fruta. Nos pagaban cinco pesos por un cajón grande. Después nos salimos de ahí, pero siempre teníamos que depender de un patrón, cumplir órdenes, poner veneno a la producción, plantar lo que ellos quieren”, cuenta.

Las posibilidades de los pequeños productores son limitadas, y aun si logran alquilar un terruño para cultivar, están sujetas a la voluntad de los dueños. “Lamentablemente alquilamos las tierras y las inmobiliarias se hicieron dueñas de esta zona”, explicó Zulma. “Nos hacen contratos de dos o tres años y, si no nos renuevan, tenemos que salir sí o sí. Por eso vivimos en casillas de madera, porque un día nos dicen ‘vayansé, no vamos a renovar tu contrato’, y tenemos que levantar nuestras chozas, nuestras maderas, para irnos a otra parte”, relata. 

La realidad de los pequeños productores es crítica y la evolución de los números de los censos agropecuario son una muestra de ello. La investigación realizada por Eduardo Azcuy Ameghino y Diego Fernández titulada “CNA 2018, visión general y aproximación a la región pampeana”, sobre los resultados del último censo –que se realizó hasta 2018 pero se publicó este año– muestra que en los últimos treinta años la reducción de las explotaciones agropecuarias (que equivale a la cantidad de chacras) fue drástica: en todo el país desaparecieron 149.982 chacras; en Buenos Aires desapareció un 51,5 por ciento de las mismas, en Córdoba un 48,4 por ciento, en Entre Ríos un 49,2 y en Santa Fe un 46,2. Para los investigadores el último censo “ratifica la vigencia y eficacia del proceso de concentración económica consolidado durante los noventa y prolongado hasta la actualidad”. En las conclusiones del informe, los autores apuntan que “todo indica que la tendencia a la eliminación de pequeñas y medianas explotaciones es sólida y constante, habiendo producido la desaparición durante los últimos treinta años de la mitad de dichos establecimientos, y de sus titulares. Se trata, pues, de un hecho objetivo. Y sí, el sujeto social chacarero se debilita en tanto disminuye su base material”.

“Para nosotros era un trabajo casi esclavo, no nos dejaban ir a hacernos el DNI, que nos tocaba la puerta a las tres de la mañana para que vayamos a trabajar; nos hacían trabajar sin comer, todo el día cosechando frutilla y controlaban que no comiéramos ni una fruta. Nos pagaban cinco pesos por un cajón grande. Después nos salimos de ahí, pero siempre teníamos que depender de un patrón,

Zulma Molloja
Referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)

En la historia de Zulma aparece también la otra cara de la lógica extractivista: el uso de agrotóxitos y la destrucción del ambiente. “Los patrones nos hacen trabajar con veneno, y eso lo sufrimos nosotros, pero también las personas que después consumen los alimentos. En esos campos nuestros hijos no pueden acercarse a las plantaciones porque es muy tóxico, hasta el aire está envenenado”, cuenta. La expansión de esta lógica destructiva, se vio también en el avance del desmonte, que en los últimos treinta años destruyó cerca de ocho millones de hectáreas de bosques nativos (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), según indicó una investigación de Greenpeace. En la misma se explica que el 80 por ciento del desmonte se produjo en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, y se debe al avance de la frontera agropecuaria. Es decir, a la soja y la ganadería. 

La investigación, además, le pone nombre y apellido al desmonte. Los principales empresarios dueños de los campos que barrieron con los bosques son, entre otros: Eduardo Elsztain (120.000 hectáreas desmontadas), Jorge Horacio Brito (50.000 hectáreas), Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Marcelo Mindlin, Alejandro Carlos Roggio, Aldo Adriano Navilli, Benjamín Gabriel Romero, Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Luis Caputo, Victorio Américo Gualtieri, Alfredo Olmedo, Roberto Urquía, David Lacroze Ayerza, Manuel Santos Uribelarrea, Enrique Urbano Duhau, Orlando Canido, Alberto Verra, César Raúl Mochón, Ángel Sanchís Perales, José Macera, Jorge Alberto Pocovi, John Dieter Kahlbetzer y Daniel Lifsitz. En definitiva, los mismos que hoy deberían pagar el “Aporte extraordinario a las grandes fortunas” para empezar a redistribuir recursos. 

El reclamo de tierras por parte de la UTT busca, además de conseguir condiciones dignas de trabajo para los y las campesinas, implantar una forma de producción sobre la base de los principios de la agroecología y de la soberanía alimentaria. “Hoy en día todos nuestros productores decidieron alquilar un pedacito de tierra y plantar su producción. Podemos decidir qué plantar, cómo plantar, cómo podemos curar. Hace más de seis años que estamos avanzando con la agroecología, pero no es de ahora, es de nuestros abuelos. Ellos no dependían de los agroquímicos, ellos trabajaban con productos naturales, con cenizas, guardaban las semillas para el próximo año, y ellos podían sobrevivir de esa forma. En cambio hoy en día vivimos de productos llenos de químicos y estamos envenenando no solo la producción, sino también nuestros cuerpos, sin darnos cuenta”, cuenta Zulma. 

En el proyecto presentado por la diputada Martínez se propone “promover una planificación federal del uso de superficies fiscales del suelo y el desarrollo regional, centrados en la sostenibilidad del ambiente y de la vida humana”, mediante “la radicación de personas y familias en parcelas de tierra fiscal otorgadas en comodato, y la creación de trabajo tendiente a la satisfacción de necesidades esenciales para una adecuada calidad de vida y a una progresiva comercialización y generación de ganancias por parte de dichas personas y familias. Esto podrá ser realizado a partir de la intensa utilización de los ecosistemas maximizando la producción, el aprovechamiento y el consumo final, y minimizando la degradación, el desaprovechamiento y el consumo parcial de los recursos naturales implicados”. En los fundamentos del proyecto, se aclara que existen en Argentina 3.814.510 hectáreas de tierras fiscales que pueden ser utilizadas por pequeños productores.

Si bien el proyecto no contó con la participación de la UTT, va en la línea de lo que la organización de trabajadores de la tierra propone. “Nosotros estamos avanzando, estamos muy organizados y crecemos día a día. No tenemos que perder las enseñanzas de nuestros abuelos. Combinamos esos saberes con lo que nos enseñan los compañeros del Consultorio Técnico Popular (CoTePo)”, un grupo de técnicos y técnicas conformado por las mismas familias productoras que genera condiciones para la contención de las necesidades técnicas y de elaboración y provisión de insumos y comercialización, explica Zulma. Según los datos de la organización, el 13 por ciento de la tierra en Argentina está en mano de pequeños productores que producen más del 60 por ciento de los alimentos que circulan en el mercado interno. 

“Hacemos todo natural. Yo empecé con dos parcelas, de a poco me fui metiendo y hoy en día toda mi producción es agroecológica. Ahora puedo comer la lechuga a medida que la voy sacando, nuestros hijos pueden correr por las parcelas, tocar, palpar las plantaciones. Estamos orgullosos de lo que estamos avanzando como organización”, cuenta. Lo que buscan, subraya Zulma, es cuidar a sus familias, cuidar la tierra, respetar los ciclos de la naturaleza y así a la población que se alimenta de sus producciones. “Nos tienen que tener en cuenta a los pequeños productores porque somos los que alimentamos al pueblo. Para eso necesitamos tierras. Sabemos que hay muchas hectáreas que no se usan. Estamos dispuestas a pagarlas, no queremos que nos regalen nada. Queremos trabajar la tierra de forma digna”, concluye.