LALENGUA

AVANZA EL FUEGO, AVANZA EL LOBBY

Mientras el fuego avanza en gran parte del territorio argentino, en el Congreso avanza el lobby de los grandes productores, encabezados por la Sociedad Rural, de las empresas mineras y de las empresas inmobiliarias, para evitar la sanción de leyes que protejan el ambiente. La Ley de Humedales y la Ley de Manejo del Fuego, que buscan proteger estos ecosistemas y penalizar a los autores de los incendios, buscan abrirse paso entre estas presiones. En diálogo con Lalengua el diputado Leonardo Grosso, autor de la ley con más respaldos, y la geógrafa e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Patricia Pintos, evaluaron cómo ven la situación.

Por: Mercedes Larosa y Melisa Molina  |  Fotos: Eduardo Bodiño / Greenpeace

Crece la preocupación por el avance y los daños provocados por los incendios en gran parte del país. Hasta el momento hay 14 provincias afectadas y 49 focos que se concentran, principalmente, en Córdoba, Jujuy y Catamarca. En diálogo con Lalengua,  el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, explicó en qué estado se encuentra la aprobación de dos proyectos que pueden llegar a abrir un nuevo capítulo en la historia del medio ambiente en nuestro país: la Ley de Humedales, para la protección de ecosistemas, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, para evitar el avance del agronegocio sobre las zonas dañadas. El interrogante que se plantea es si los distintos sectores empresariales que tienen intereses comerciales sobre los territorios afectados permitirán que estos proyectos avancen en el Poder Legislativo o si nuevamente, y tal cómo lo hicieron dos veces en los últimos años, lo impedirán mediante el lobby que ejercen en el Congreso. Días atrás el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, manifestó su “preocupación” por el avance de los proyectos de ley. La geógrafa e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Patricia Pintos, explicó en diálogo con esta revista la importancia de la protección de los humedales, las causas y consecuencias de los incendios, y su relación con un modelo productivo terminal para el ambiente. 

El viernes 2 de octubre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), informó que en 14 provincias argentinas se registran 49 focos de incendio –de los cuales 23 continúan activos–. Ante la destrucción provocada, desde el Congreso Nacional los legisladores intentan ofrecer respuestas para poner fin a estos sucesos. Ese mismo día, el jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, encabezó la presentación de un proyecto que busca modificar el artículo 22 de la Ley de Manejo del Fuego en pos de proteger los ecosistemas víctimas de incendios y evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras dañadas. El proyecto prohíbe por 60 años cualquier tipo de loteo, venta, realización de alguna actividad agrícola o modificación en las superficies afectadas por los incendios. El escrito tiene el apoyo de todos los bloques de la Cámara Baja, menos de Juntos por el Cambio. 

Por otra parte, desde el cinco de agosto continúa el debate en comisiones de los distintos proyectos para la Ley de Humedales, que tiene como objetivo la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad en todo el territorio de la Nación. En diálogo con Lalengua, Grosso expresó que “estamos realizando una serie de reuniones informativas para convocar a la sociedad civil. Ya han pasado entre 68 y 70 expositores y expositoras de distintos sectores productivos, científicos, ambientalistas, desarrollistas inmobiliarios, entre otros”. “A la vista de estas discusiones, hay nueve proyectos presentados por distintos diputados y diputadas y se conformó ad hoc una comisión de trabajo para unificar texto, es decir, que todos los asesores que presentaron proyectos se reúnan con el fin de unificar dictamen”, resaltó el presidente de la comisión de Ambiente en la Cámara baja.

De los proyectos presentados, los que tienen mayor consenso son los impulsados por Grosso, y por la diputada del bloque de Juntos por el Cambio, Brenda Austin. Ambos recogen la experiencia de las organizaciones y el trabajo previo que se ha realizado en la materia. Grosso indicó que el proyecto que impulsa su bloque “tiene la definición científica, establece una moratoria con plazos, planteamos la necesidad de construir un inventario e invitamos a las provincias a avanzar con el reordenamiento ambiental y después establecemos el programa de gobierno y recursos para que se lleve adelante la protección de humedales”. “A diferencia del proyecto de Austin, el que yo presenté tiene presupuesto asignado y un capítulo penal. Nosotros hacemos un apartado con sanciones administrativas elevadas de 50 mil salarios mínimo, vital y móvil de multa para quien intencionalmente dañe o destruya un humedal, es decir, alrededor de 400 millones de pesos. Además incorporamos un capítulo penal con penas carcelables que van de uno a diez años”, subrayó el diputado. A su vez, señaló que en la provincia de Córdoba en los últimos cuatro años, según un relevamiento que realizó el Tribunal Supremo de Justicia, “solo hay veinticinco causas iniciadas por incendios forestales y solo hay dos personas condenadas. Esto marca la inacción del Poder Judicial. Córdoba se viene prendiendo fuego año tras año.”

Patricia Pintos, quien se desempeña cómo investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), explicó a esta revista que es muy importante que salga la Ley de Humedales ya que protegería y preservaría ecosistemas que están siendo muy vulnerados por prácticas extractivistas.  Según la especialista, estos tipos de territorios son de enorme importancia por sus aportes ambientales como en la ayuda para la contención del impacto de las inundaciones y las sequías gracias a su capacidad reguladora del excedente o la falta de agua. En ese sentido, Pintos puntualizó algunos de los problemas relacionados con el modelo productivo: uno de ellos es que el proceso de sojización y la enorme expansión de la frontera de esta actividad en los últimos años hizo que el ganado, que antes pastaba en esos territorios, sea trasladado a tierras que eran marginales, principalmente al Delta. 

 

“A diferencia del proyecto de Austin (diputada de JxC), el que yo presenté tiene presupuesto asignado y un capítulo penal. Nosotros hacemos un apartado con sanciones administrativas elevadas de 50 mil salarios mínimo, vital y móvil de multa para quien intencionalmente dañe o destruya un humedal, es decir, alrededor de 400 millones de pesos. Además incorporamos un capítulo penal con penas carcelables que van de uno a diez años”

Leonardo Grosso
diputado Frente de Todos.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, publicado en enero, en los últimos cinco años la cantidad de cabezas de ganado en el Delta pasó de ser  aproximadamente 150 mil, a dos millones. Es decir, el sistema de humedales fue “sobrecargado” y lo que hacen los productores es prender fuego los terrenos en los que ahora están los animales para renovar los pastos que son su alimento. “En este momento estamos asistiendo a un divorcio entre el modelo de desarrollo y el ambiente. En particular, los humedales son destinatarios principales de las prácticas extractivistas. Se realizan actividades como las que pampeanizaron el Delta, haciendo que la ganadería fuera colonizando progresivamente y de manera intensiva las islas, transformando los patrones productivos tradicionales”, indicó Pintos.

La investigadora de la UNLP denunció otro de los conflictos en esos territorios: “desde hace tres décadas, también el mercado inmobiliario viene avanzando y dando rienda suelta al propósito de ofrecer este tipo de urbanismo conformado por residencias y lagunas artificiales con salida directa a un río como el Luján. En la Mesopotamia argentina tenemos prácticas extractivistas ligadas a la deforestación de tipo industrial”. Este conjunto de prácticas, según Pintos, de la mano del modelo extractivista en sus múltiples variantes, “va menguando o afectando de manera dramática la sustentabilidad de ambientes que son importantes para la reproducción de la vida en sociedad y de fundamental relevancia en áreas tan pobladas como estas. Por eso es importante resguardar estos humedales que se caracterizan por su valor, riqueza y diversidad”.

Para poder tomar dimensión de lo que está sucediendo, desde Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) explicaron que los incendios generan una alteración significativa en el sistema natural que provocan la pérdida de biomasa y de la estructura vegetal, la fragmentación de hábitat y la pérdida de especies endémicas de la región. Así, se ven afectados los servicios ecosistémicos que brindan los distintos ambientes, como los valiosos servicios que aportan humedales y bosques.

“En este momento estamos asistiendo a un divorcio entre el modelo de desarrollo y el ambiente. En particular, los humedales son destinatarios principales de las prácticas extractivistas. Se realizan actividades como las que pampeanizaron el Delta, haciendo que la ganadería fuera colonizando progresivamente y de manera intensiva las islas, transformando los patrones productivos tradicionales”

Patricia Pintos
Geógrafa e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata.

En este sentido, Pintos señaló que los incendios de Córdoba se deben a la presencia de actores del mercado inmobiliario que queman bosques nativos para luego pedir su recalificación legal del suelo y transformarla en áreas urbanizables. “Por el tamaño y la voracidad de los incendios, no sólo se ha afectado la cobertura vegetal a nivel superficial, sino que los biólogos señalan que se afectaron 20 centímetros de profundidad del suelo alcanzando los rizomas de las plantas, es decir, las raíces. Por lo tanto, el proceso de recuperación de estos ambientes a nivel biológico va a ser a muy largo plazo, entre diez a quince años”, advirtió. 

El lobby detrás del fuego

Frente a estas leyes que quieren proteger el suelo se ponen en tensión dos grandes cuestiones: por un lado el interés y la obligación por parte del Estado de regular; por el otro los intereses de las grandes corporaciones que no piensan en el bien común, sino en maximizar sus ganancias a costas de la destrucción del medio ambiente. Asociaciones empresarias que nuclean a empresas arroceras, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras, mineras y empresas del sector inmobiliario, son algunos de los sectores que presionan para que, por ejemplo, la ley de humedales no sea sancionada. Sin embargo, el rol que juegan estos sectores no es novedoso: en los años 2013 y 2016 ya impidieron que avancen leyes de estas características para evite los ecocidios. Estas presiones por parte de las empresas son transversales a los distintos partidos políticos, y en muchos casos están vinculados a las oligarquías provinciales. 

Los sectores empresariales esgrimen como argumento que regular la actividad en los humedales impediría el desarrollo de la actividad productiva, pero no se trata más que de un falso dilema. El problema surge cuando los poderes políticos provinciales recogen esos reclamos y defienden las posturas y argumentos de las corporaciones. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Corrientes donde el Senado de dicha provincia rechazó la ley de humedales que aún no fue sancionada por las supuestas “implicancias negativas que esos proyectos deparan hacia el sistema productivo del nordeste del país”.

En declaraciones públicas el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, subrayó “su preocupación por el avance en el Congreso Nacional de la Ley de Humedales y de modificaciones a la Ley de Bosques para hacerla más restrictiva”. Para Pelegrina, “el tema de humedales nos tiene muy preocupados porque hay una cantidad de proyectos en el Congreso que han avanzado y tenemos que tener una definición. Si eso no se encara bien, podemos estar sacando de la producción una cantidad enorme de hectáreas productivas hoy en Argentina”, expresó. Pelegrina añadió que los productores agropecuarios tienen como una de sus principales preocupaciones la conservación, pero “ pedimos que también se permita la producción con libertades, sino tendremos una afectación a las economías regionales de manera muy fuerte”. Desde Greenpeace lanzaron un repudio a estos dichos: “repudiamos que la Sociedad Rural esté presionando para que el Congreso no sancione la Ley de Humedales y para que no se penalicen incendios y desmontes”, declaró el coordinador de Campañas de la organización, Leonel Mingo. “El sector agropecuario es uno de los principales responsables de arrasar humedales y bosques, mediante el fuego o las topadoras. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó luego.

Una de las empresas que se opone a los proyectos regulatorios es Copra SA, que se dedica a la plantación de arroz y es integrante de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz. Esta entidad fue de las primeras en presentar un escrito en oposición a la ley de humedales. El presidente de Copra es José Antonio Aranda, uno de los principales accionistas del grupo Clarín. Aranda es uno de los productores más grandes de arroz del país y en 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consistía en represar el arroyo Ayuí, destruyendo así las selvas ribereñas y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo público para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logró ser frenado, el empresario continuó expandiendo sus plantaciones sobre reservas acuíferas.

Otro empresario poderoso que está detrás de las quemas de humedales es Rufino Baggio, empresario y descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. Rufino es propietario de 34 mil hectáreas en el Delta y de miles más en la provincia de Entre Ríos.

En la provincia de Córdoba, Alejandro y Francisco Becerra son apuntados como propietarios de dos estancias en Pampa de Achala que, en tan solo cuatro años, registran 208 incendios intencionales: San Alejo y Paso de las Piedras, donde inician fuegos recurrentes en la alta montaña cordobesa para el rebrote de pastos que engorden su ganado. La familia Becerra es fundadora de la genética Brangus Colorada desde hace 30 años y exportan sus animales a Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. En varias oportunidades intentaron sacar a los tiros a los bomberos que iban a apagar el fuego. En la última quema se llevaron detenido a Alejandro Becerra y dos de sus peones y el propietario de las tierras salió tras pagar una fianza. Los suelos en Pampa de Achala son los que guardan el agua de lluvia y de ese modo hay ríos en invierno, por eso es tan peligrosa su destrucción.