LALENGUA

JUZGAR AL FRANQUISMO A 10 MIL KILÓMETROS

A diez años de la presentación de la querella argentina contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo entre 1936 y 1977,  el abogado e investigador español Alejandro Lerena García conversó con Lalengua sobre el reclamo histórico de la sociedad española que actualmente se mantiene en los tribunales gracias a la querella impulsada desde Argentina.

Por Martin Mitidieri |  Ilustración: Esther Folleas | Fotos: Manuela Bergerot y Fiona Smith

El 14 de abril se cumplieron diez años de que se interpuso ante tribunales argentinos la querella 4591/2010, conocida internacionalmente como la querella argentina. La investigación, a cargo de la jueza María Sevrini de Cubría, tiene como fin investigar los crímenes contra la humanidad cometidos entre 1936 y 1977 durante el franquismo en España. Actualmente, la querella argentina es el único procedimiento judicial que mantiene el histórico reclamo en pie. 

Los hechos denunciados abarcan distintas etapas: en primer lugar, la guerra civil ocurrida entre 1936 y 1939 a partir de la invasión de la península por parte del General Francisco Franco desde Marruecos. Este conflicto cruento tuvo de un lado a la mayor parte de las fuerzas armadas españolas y del otro al gobierno republicano, elegido democráticamente en 1931, que resistió armando a los civiles. Ambos bandos contaron, asimismo, con   apoyo internacional. Tras la caída definitiva del gobierno republicano se instauró la dictadura de Franco, que fue una de las más largas y sangrientas del siglo XX. Entre guerra y dictadura se suman poco más de cuarenta años (1936-1977), en los que murieron, por fuera de las zonas de conflicto, más de 150 mil civiles. Se estima que en el período hubo 500 mil españoles que dejaron el país, de los cuales muchos son vecinos, padres o abuelos nuestros. A pesar de las sobradas pruebas, los testimonios, las fosas vacías y los pedidos de justicia, hasta ahora en España sopla el silencio y la impunidad. Al día de hoy ningún criminal franquista fue visto tras las rejas.

La experiencia y reputación de los tribunales de justicia, de las organizaciones de derechos humanos, y de la ciudadanía argentina en materia de memoria, verdad y justicia ha servido para que desde España se busque, a más de 10.000 kilómetros de distancia, la justicia que no pudieron encontrar en su país.  

Lalengua se puso en contacto con Alejandro Lerena García, abogado, docente e investigador español (Universidad Carlos III de Madrid / Université d´Aix-Marseille), que se especializa en la querella argentina. El autor de “¿Es legal juzgar los crímenes del franquismo? Cuestiones jurídicas sobre el enjuiciamiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Francisco Franco”, investiga sobre los principios de legalidad penal en contextos de justicia transicional y tuvo la gentileza de atendernos en plena pandemia para traernos luz sobre los diez años de la querella argentina, para que tomemos dimensión de sus implicancias, y para mostrarnos cómo puede desencadenar un cambio necesario en la democracia española. 

-¿Cómo empezó la querella argentina y qué crímenes investiga?

Al principio eran solo dos querellantes. Al día de hoy se han presentado más de trescientas treinta querellas, y también se han presentado denuncias en consulados argentinos en distintas partes del mundo. En cuanto a los crímenes que se investigan, son casi toda la tipología de crímenes cometidos por la dictadura de Franco. Desde desapariciones forzosas, feminicidios, torturas, delitos sexuales, trabajo esclavo, preventorio, robo de bebés, exilio forzado, complicidad con el régimen nazi en el exilio, deportación y exterminio de republicanos españoles en campos de concentración nazi. Y alguno más que se me debe estar escapando, pues si de algo no carecieron fue de imaginación delictiva. Como todos estos crímenes se cometieron en un contexto de ataque generalizado contra una parte de la población, pueden denominarse como crímenes contra la humanidad.

Ana Messuti (abogada de la Querella Argentina) y Pablo Mayoral (sobreviviente a uno de los últimos fusilamientos franquistas). Foto: Manuela Bergerot

-¿España no tiene la obligación de investigar estos crímenes?

Sí. España, conforme al derecho internacional y a los tratados internacionales que ha voluntariamente suscrito, tiene la obligación de investigar estos crímenes. También tiene la obligación de ofrecer a sus ciudadanos el derecho a un recurso efectivo y el acceso a la justicia. Este acceso a la justicia no se lo está garantizado para nada y es por ello que, ante el bloqueo constante de las autoridades españolas para investigar estos crímenes, las víctimas del franquismo han tenido que acudir a la justicia argentina.

-¿De dónde provienen estos bloqueos a la investigación en España?

El bloqueo más relevante en los últimos años se dio cuando el juez Baltazar Garzón empezó a investigar en el año 2006 estos crímenes. Dos años después, sus superiores jerárquicos en la Audiencia Nacional bloquearon este procedimiento y el juez Garzón fue incluso juzgado por el Tribunal Supremo español a instancias de una querella interpuesta por el sindicato de ultra derecha Manos Limpias. A raíz de esta querella, admitida por el Tribunal Supremo, el juez Garzón fue juzgado por el delito de prevaricación que, para un juez, es aplicar el derecho de forma errónea a sabiendas. Es decir, acusaban a Garzón de haber abierto una investigación por los crímenes del franquismo, sabiendo que era ilegal, pero habiéndolo hecho de todas formas. Y el hecho que se lo juzgara, admitiera la querella y procesara, significa que había indicios de que había cometido un delito. De todos modos, en 2012 fue absuelto de este delito de prevaricación, pero el Tribunal Supremo dejó claro que aunque el Juez Garzón pensara que lo que estaba haciendo era conforme a derecho, en realidad los argumentos jurídicos de Garzón eran erróneos. 

En España, el Tribunal Supremo considera que no se pueden investigar los crímenes del franquismo. Esto ha funcionado como un aviso navegante al resto de instituciones jurídicas españolas para que no se atrevan, o no juzguen, los crímenes del franquismo. Porque, al haber ya una jurisprudencia previa del Tribunal Supremo diciendo que no es legal hacerlo, si algún tribunal se atreviera a investigarlo, se le acusaría de prevaricación.

-¿El Tribunal Supremo puede decir que es ilegal juzgar los crímenes de un momento determinado de la historia española?

Claro, no lo dice así, sino que dan cuatro argumentos jurídicos en base a los cuales no se podrían juzgar los crímenes del franquismo. En primer lugar, dicen que los criminales ya han fallecido; en segundo lugar, afirman que existe una Ley de Amnistía que impediría que se juzguen estos crímenes; en tercer lugar que los crímenes ya habrían prescrito. Finalmente, dicen que para juzgarlos habría que considerarlos como crímenes de lesa humanidad, pero que en el momento en que se cometieron, dicho crimen no estaba incluido en la legislación española. Esto implicaría la aplicación retroactiva de la ley actual española a los crímenes de entonces, lo que iría en contra de un principio básico del derecho que es el principio de no retroactividad de las normas penales no favorables. Todos estos argumentos son rebatibles. De hecho, la Audiencia Nacional y el mismo Tribunal Supremo hicieron una interpretación radicalmente contraria del derecho español cuando investigaron los crímenes de la dictadura chilena o argentina, entre otros. Este bloqueo que se ha dado con el caso Garzón, se ha trasladado a la querella argentina y se ha bloqueado sistemáticamente cualquier pedido de colaboración desde los tribunales argentinos.

Alejandro Lerena García es autor de “¿Es legal juzgar los crímenes del franquismo? Cuestiones jurídicas sobre el enjuiciamiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Francisco Franco”, en: Ana Messuti (ed.), Construyendo memorias entre generaciones. Tender puentes, buscar verdades, reclamar justicia, Madrid, Postmetropolis Editorial, 2019 Foto: Fiona Smith

-¿Quiénes son los actores que ponen trabas a la investigación en España?

Ahora mismo los dos actores principales que bloquean el enjuiciamiento y que, por tanto, serían los dos actores principales que podrían desbloquearlo y permitirlo, serían los partidos políticos y el sistema judicial. Este bloqueo se entiende si echamos la vista atrás y nos fijamos en cómo fue la transición española. En España se produjo una transición pactada donde las mismas personas que ostentaban el poder durante la dictadura, siguieron ostentándolo en diferentes instituciones en el período democrático. Se basó esta transición en lo que se conoce como un “pacto de silencio”, un pacto tácito en el que se instaba a olvidar el pasado, no mirar para atrás, y construir la democracia española pensando en el futuro. La representación jurídica de este pacto de olvido fue la Ley de Amnistía, que hoy es uno de los impedimentos al enjuiciamiento de los crímenes. Así, este pacto de olvido sigue vigente hasta hoy en día. Abrir el melón, volver a investigar lo que pasó sería poner en cuestión la honorabilidad y el prestigio del sistema judicial que como sabemos es un órgano tremendamente endogámico que defiende a capa y espada su honorabilidad.

Otro de los actores son los partidos políticos, para quienes la revisión del pacto del olvido echaría por tierra su labor en la construcción modélica que ostenta la transición española. Por supuesto, el tema es mucho más complejo, ya que entra el centro mismo del sistema económico, político y judicial español.

-¿Y la Monarquía?

La Monarquía también se benefició de este pacto del olvido. Desde que empezó la democracia ha habido un acuerdo tácito de los medios de comunicación y los partidos políticos de proteger a ultranza la institución de la Monarquía, que solamente se empezó a debilitar hace unos años a raíz de varios escándalos que salieron a la luz pública. El Rey fue uno de los beneficiados del pacto del olvido. En España, la relación entre el Rey y Franco no parece obvia, cuando en realidad al Rey se lo educó para ser quien continuara el legado de Franco. Con el beneplácito del establishment franquista, el Rey ofició como piloto de la transición.

-Volviendo a la querella Argentina, ¿cuál es el mejor de los escenarios posibles que vislumbran?

El mejor de los escenarios posibles sería que en España se abrieran procedimientos judiciales y que fuera en España que se investigaran y juzgaran estos crímenes. Cuando se presentó la querella argentina se estaba tratando de dar continuidad a la dinámica de justicia circular que se había dado en los años noventa y principios de los 2000 entre España, Chile y Argentina. Promediando los noventa se abrieron en España procedimientos para juzgar los crímenes cometidos por las dictaduras chilenas y argentinas, y esto repercutió en la apertura de procedimientos judiciales en Argentina y Chile. Lo que se intenta con la querella argentina es hacer el mismo procedimiento a la inversa. Ante el bloqueo de la situación en España se pretende acudir a la Argentina para que una investigación allí desbloquee un procedimiento en España, 1ue España se mire al espejo y se pregunte por qué un país que está a 10.000 kilómetros de distancia esté juzgando las vergüenzas de nuestra democracia, en vez de ser nuestros jueces quienes lo hagan.

-Señalaste como uno de los logros de la querella argentina que puede destrabar la investigación en España a nivel partidario y judicial. ¿Qué otros logros se le pueden adjudicar a la querella argentina?

Uno de los logros más importantes es que, por primera vez, se ha acusado formalmente a algunos de los responsables de la dictadura de Franco. De hecho, se expidieron en su momento veinte órdenes de detención y extradición contra altos funcionarios, médicos, ex ministros o policías para que fueran detenidos en España y extraditados a Argentina para ser juzgados. Estas órdenes se hicieron a través de la Interpol. Sin embargo, España no accedió a la extradición y estas personas siguen todavía sin haber comparecido en un juzgado. Con una excepción, un caso de dos presuntos torturadores que tuvieron que acudir a los juzgados para prestar declaración sobre el procedimiento de extradición, y durante un período de tiempo se sometieron a medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la visita a un juzgado. Esto fue un hito porque nunca antes un criminal del franquismo había comparecido ante un juzgado para responder por sus crímenes. 

Está también el caso del ex ministro durante la transición, Rodolfo Martín Villa, que está reclamado por crímenes contra la humanidad y ha expresado su voluntad de defender su inocencia. Ha sido llamado a declarar varias veces en los juzgados de Argentina pero siempre por una razón u otra se ha ido posponiendo. Ahora mismo está fijada la visita para el mes de mayo y va a ser la jueza Servini de Cubría quien acudirá a España para tomar declaración en la Embajada Argentina. Pero como en otras veces, aún el Estado Español no ha sido claro sobre si lo permitirá o no, aunque con la crisis seguramente se termine posponiendo. Otro logro de gran valor es que, por primera vez, a quienes forman parte de la querella se les reconoció el estatus jurídico de víctima. Esto les permitió, por un lado, seguir siendo parte del procedimiento y poder intervenir, pedir extradiciones, imputar a gente; y, por otro lado, en cuanto se les admite como víctimas, se le está dando indicios de veracidad a su relato. Esto para las víctimas es un reconocimiento sin precedentes. Da un valor agregado de veracidad porque hay, como decía Foucault, una institución creadora de discurso de verdad, que en este caso está reconociendo su estatus y sus testimonios.  

Ascensión Mendieta, querellante que logró la exhumación de su padre Timoteo Mendieta, gracias a la Querella Argentina y a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) Foto: Manuela Bergerot

-¿Cómo impactó la querella argentina en la opinión pública y en el sistema de partidos?

Como explicaba, los partidos que vienen desde la tradición tienen las manos y los pies atados para revisar lo que sus antiguos dirigentes hicieron en la transición. Esto se ha visto cuando hubo en los últimos años intentos de modificar la Ley de Amnistía, y el Partido Socialista y el Partido Popular han votado en contra. Esto no pasa tanto con los nuevos partidos políticos. Al no tener que defender su herencia como partido tienen las manos libres para actuar en este tema. En los últimos años algunos de estos partidos han llegado a muchos ayuntamientos que expresaron apoyo a la querella argentina y han promovido querellas en nombre de las víctimas que sufrieron violaciones de derechos humanos en sus municipios.

La opinión pública española es muy sensible a todas las demandas de justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los bebés robados y los desaparecidos en Argentina es algo muy conocido en España. Pero hay un gran desconocimiento sobre que estos crímenes ante los cuales se muestran compungidos, también sucedieron en España incluso en más grandes proporciones. Hay sobre la guerra civil y el período franquista en las instituciones educativas una mirada para nada crítica. Últimamente esto empieza a cambiar, gracias a la querella argentina, y también gracias a películas como El Silencio de Otros que tuvo mucha afluencia en los cines y de alguna manera cambia la perspectiva que se tiene en España de lo que ocurrió en aquellos años.

-¿Cómo se inserta el 15M y el movimiento de indignados en esto?

El 15M y el movimiento de Indignados fue un antes y un después en la política española. Justamente uno de sus impactos más fuertes es que se replantearon las bases de la democracia española y se luchó por una democracia más participativa. En ese punto crear una memoria histórica democrática que nos permita aprender del pasado para construir una identidad democrática. Uno de los dos factores que pueden hacer cambiar las cosas es el poder político, que tiene el poder de cambiar las leyes. Entonces una de las formas de cambiar la situación es que desde el gobierno se facilite la colaboración con la justicia argentina y aquí Podemos, uno de los nuevos partidos, puede jugar un rol importante. 

-Mencionaste el crimen de preventorio, y el robo de bebés, ¿cómo funcionaban?

Los preventorios eran centros de reeducación para niños en los que se metía a los hijos de los disidentes políticos, de “los rojos”. Lo que se intentaba era que no se les transmitiera ese gen rojo, que no recibieran esa influencia de sus padres y que pudieran ser educados conformes a los valores del nacionalcatolicismo. Fueron instituciones de trabajo forzado para menores y de reideologización. El robo de bebés fue una metodología criminal que evolucionó con el paso del tiempo. Las mujeres que sufrían de este delito eran mujeres en libertad pero que no correspondían a la imagen de mujer que se tenía en la época. Madres solteras, disidentes, pobres, prostitutas, mujeres marginadas, en un crimen que involucra médicos y a la iglesia, que tuvo un papel fundamental. Poco a poco se fue tejiendo un interés económico que agudizó este sistema y permitió que continuara hasta bien entrada la democracia.

Hay un caso de una amiga mía que a raíz de ver El Silencio de los Otros se empezó a plantear cosas de su propia historia y recordó que su madre fue dos veces al hospital a parir y volvió sin bebé. Ella siempre se había planteado esto como un hecho aislado, pero gracias a la visibilidad que tuvo el asunto se dio cuenta que podía tener dos hermanos en algún lugar. Es así que empezó a investigar y supo que en el hospital donde fue su madre se practicaba el robo de bebés. Aquí lo que sucedía generalmente es que les decían que los bebés habían fallecido y nunca se los enseñaron. En muchos casos se ha procedido a la apertura de los nichos y los encontraron vacíos.

Jesús Muñecas Aguilar, presunto torturador, en la vista por el proceso de extradición a Argentina Foto: Manuela Bergerot

-¿Existe algún número estimado sobre la cantidad de bebés robados?

Las asociaciones calculan que fueron alrededor de 300.000 los bebés robados entre los años 1940 y 1990. Es cierto también que hay muchos obstáculos para establecer cifras: el olvido colectivo y el ocultamiento hacen que sea muy difícil saber cuántos fueron los bebes robados. El Estado no provee ninguna ayuda. No hay bancos de ADN, ni apertura de archivos ni ninguna voluntad que se sepa. Las víctimas que quieren encontrar a sus familiares lo deben hacer de manera privada, sin ningún posible cruzamiento de datos, lo vuelve la tarea casi imposible. Lo que posibilitó la querella argentina es una concientización de lo que pasó y mucha gente está pudiendo colgar sus historias del marco interpretativo de un crimen internacional. Esto permite que las historias individuales se enlacen como víctimas del crimen de robo de bebés.  

Desde el poder represivo de la dictadura se ve que muchos crímenes se repiten con la experiencia argentina aunque con diferencias en el mecanismo. ¿Hay equivalencias en las formas de resistencia ante el poder dictatorial desde los colectivos de víctimas? 

Desde España se ve el modelo argentino como un modelo de justicia transicional muy positivo y que consigue en alta medida los objetivos de verdad, justicia y reparación. Hay muchos intentos de aplicar al caso español dinámicas que ocurren y han ocurrido en Argentina. Una de las más importantes está relacionada con el discurso de los derechos humanos de las víctimas del franquismo. Se ha tratado de aplicar en España calificativos penales como bebés robados y desapariciones forzadas, que ya formaban parte del imaginario colectivo referente a Argentina. Otro de los ejemplos de esta conexión entre España y Argentina es la apropiación de formas de manifestación como la Ronda de la Dignidad. En Madrid todos los jueves se reúnen colectivos de memoria histórica y pasean en círculo en la Puerta del Sol portando las fotos de los desaparecidos y torturados, haciendo una clara referencia a las rondas de los familiares de desaparecidos argentinos.