LALENGUA
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¿CONTRA QUÉ SE REBELA CHILE?

¿En qué contexto socioeconómico se desató la movilización más grande de la historia de Chile? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a más de un millón de personas a manifestarse en Santiago y en todo el país? En diálogo con Lalengua la diputada chilena Carmen Hertz; el ex candidato a presidente Marco Enríquez-Ominami; el ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza; y el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, explicaron por qué el pueblo chileno salió a la calle a poner en jaque más de cuarenta años de neoliberalismo.

Por: Sofía Solari Arena y Ariadna Dacil Lanza | Foto: Álvaro Hoppe Guiñez

El aumento del precio del subte en Santiago de Chile fue, como dicen muchos, la gota que rebasó el vaso. La medida que implicó un aumento de 1,12 dólares a 1,16 por boleto fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera el viernes 19 de octubre y desató fuertes protestas (ver crónica desde Santiago) que continuaron hasta hoy. A diez días de que comenzaran las movilizaciones, y sumado a las fuertes presiones de la oposición, Piñera cambió a ocho de sus 24 ministros, que fueron presentados hoy en el Palacio de La Moneda, mientras afuera los Carabineros reprimían nuevamente una manifestación popular. Sin embargo, para la diputada del partido comunista, Carmen Hertz, como para gran parte de la oposición, está medida no apunta al problema de fondo. “Es una medida que era ineludible para Piñera después de lo que ocurrió estos días. El cambio de gabinete es una decisión presidencial que no apunta los problemas reales que existen acá. Está bien en el sentido que hace una reorganización del su equipo, pero no es ese el problema. El tema es el nuevo rayado de cancha que tiene que haber en este país, el nuevo pacto social”, opinó Hertz en conversación con Lalengua. El ex candidato presidencial por el Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, y el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, coincidieron en diálogo con esta revista que el problema de Chile tiene que ver con un largo proceso de mercantilización de la sociedad, que cada vez es más desigual, y en la que las clases medias y bajas viven asfixiadas por los altos costos de vida que propone el mercado.

Para Hertz ningún partido espacio político está en condiciones de encabezar el reclamo popular: “La conducción de esto no la tienen los partidos políticos. Más aún, en los objetos de repudio de la gente están precisamente los partidos políticos, por el papel que han jugado en todo el período postdictatorial. El parlamento se ha transformado en un escenario donde se legisló a espaldas de la gente”. La movilización que lleva ya más de diez días en la escena pública y que alcanzó su climax con la concentración de más de un millón de personas del viernes en Plaza Italia, es liderada por el movimiento social de base que reúne a la central unitaria de trabajadores, a la confederación de estudiantes de Chile, la coordinadora de estudiantes secundarios, el movimiento de mujeres, la confederación de salud y los trabajadores del cobre. Las fuerzas de la izquierda chilena pedirán en el Congreso el juicio político contra Piñera.

¿De qué estaba lleno el vaso?

Si el aumento del precio del transporte fue la gota que rebasó el vaso, cabe preguntarse de qué estaba lleno el mismo. Para Marcos Barraza, ex ministro de desarrollo social durante el gobierno de Michelle Bachelet, Piñera sentó las bases para agudizar las políticas neoliberales que comenzaron con la dictadura pinochetista en el 1973. “La agenda de Piñera promueve menor justicia fiscal y en consecuencia más ingresos para los ricos. Del mismo modo impulsa una agenda en materia de pensiones que profundiza el lucro en el sistema de seguridad social y no da cuenta de una real seguridad social que entienda a las pensiones como un derecho”, explicó el ex funcionario del Partido Comunista. Sumado a esto, apuntó que los últimos años estuvieron marcados por políticas de flexibilidad laboral que debilitaron, entre otras cuestiones, a la negociación colectiva. “Los indicadores de cesantía, desempleo y crecimiento económico a la baja están dando cuenta en la población que el problema no es sólo un fracaso de Piñera, sino que también es un fracaso del modelo neoliberal”, explicó.

El ex ministro destacó, además, que el actual gobierno “impulsó medidas legislativas orientadas a limitar los derechos civiles y políticos desde su primer día de gobierno”. Entre algunas de ellas, subrayó la ley “aula segura” -que el oficialismo llevó al recinto, pero no consiguió los votos suficientes para aprobarla- que buscaba la posibilidad de que los Carabineros pudieran ingresar a los establecimientos educativos con el argumento de combatir hechos de violencia protagonizados por alumnos. Dentro de la lista de medidas legislativas impopulares, Barraza también mencionó un proyecto de ley que aún está en trámite y que posibilitaría el control preventivo de la identidad por parte de la policía a los menores de 18 años. En la misma línea consideró que el estado de emergencia, “responde a un diseño político que fue pensado en términos de debilitar las garantías en términos de derechos de las personas”.

“Una nueva constitución es la tesis central y es el clamor de las calles. La Constitución tal y como está es absolutamente funcional al modelo neoliberal”.

Carmen Hertz
Diputada del Partido Comunista

“Tenemos maestros que están en la indigencia, viviendo en la calle, porque sus pensiones son tan miserables que no les alcanza ni para lo elemental”.

Mario Aguilar
Presidente del Colegio de Profesores de Chile

El ex candidato presidencial por el Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, coincidió en la lectura que hacen muchos chilenos y chilenas, y que se cristalizó en las calles esta semana bajo la consigna “no son los 30 (pesos chilenos), son 30 años de corrupción”. En conversación con Lalengua, Ominami opinó que los chilenos están inmersos en “una economía que vive de materias primas –salmón, madera y cobre-, con poco valor agregado y en manos concentradas, que termina generando bajos ingresos y una sociedad sin derechos. Es un sistema difícil para vivir porque la clase media cuenta con bajos ingresos y alto costo para educar a sus hijos, transportarse y alimentarse”.

Si bien el salario mínimo en Chile es uno de los más altos de la región, equivale a 420 dólares, y la mayoría de los asalariados cobra por encima de ese monto, cerca de la mitad del total no supera los 600 y los costos de vida son tan elevados que la plata no alcanza. “Nosotros tenemos maestros que están en la indigencia, viviendo en la calle, porque sus pensiones son tan miserables que no les alcanza ni para lo elemental”, explicó a esta revista Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, sindicato que agrupa a los docentes de la educación primaria y secundaria. Para Aguiar, el problema de fondo en términos económicos es el alto costo de vida. El salario mensual de un maestro oscila entre los mil y dos mil dólares, y el alquiler de un departamento con uno o dos dormitorios cuesta cerca de 500 dólares. El propio Ministerio de Desarrollo Social reconoció en sus últimos informes que el 10 por ciento de la población más rica de Chile gana 39 veces más que la población más pobre.

Aguiar recordó que el sector docente viene de un largo proceso de paro que duró 51 días y hasta aventuró que ese plan de lucha fue el preámbulo de lo que sucedió durante los últimos días. El paro se realizó en los meses de junio y julio, con un reclamo elemental para Piñera: que no abandonara la educación pública. Según detalló el gremialista docente, la desidia del Estado se tradujo en escuelas con plagas de ratones, establecimientos educativos sin insumos para limpiar los baños y ausencia de material pedagógico. A eso se sumó un reclamo frente al anuncio del Ministerio de Educación que promulgó cambios en los programas de las secundarias, cuya medida más controvertida fue la de dejar como optativa la materia de Historia para los dos últimos años. Aguiar consideró esa disposición de gobierno como “absurda” y concordante con la visión empresarial de la actual clase política chilena. El docente sintetizó la actual revuelta popular como un reclamo “frente a la mercantilización de la vida social”. El país vecino es el perfecto experimento neoliberal, con una privatización que alcanza a la educación, la salud, la seguridad social y los recursos naturales. 

“Durante años las capas medias empobrecidas se endeudaron a tasas altas y con sanciones draconianas ante los retrasos en los pagos. El resultado es el malestar silencioso frente a una élite que no se oxigena y que crece más rápido que el 90 por ciento del país”, explicó Ominami. El cofundador del Grupo Puebla –anverso del Grupo Lima-, se refirió al endeudamiento en tiendas de cadenas internacionales que además de bienes de consumo otorgan tarjetas de crédito y préstamos, pero sin la misma regulación y control que tienen las entidades bancarias. Según Ominami, ese es el motivo por el que en las movilizaciones hay una fuerte presencia de “consumidores abusados, jóvenes furiosos, movimientos sociales convencidos, adultos indignados. Todos endeudados de modo explosivo ante la banca y el retail”, y un “estado chico”, ausente a la hora de garantizar necesidades básicas, y por eso “con poca deuda pública”.

Constitución 2020

“Una nueva constitución es la tesis central y es el clamor de las calles”, opinó Hertz. La actual carta magna chilena fue reformada en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet y recibió “maquillajes” durante el mandato del ex presidente Ricardo Lagos, en 2005. “La Constitución tal y como está es absolutamente funcional al modelo neoliberal”, alertó la diputada. Consultado por Lalengua, un funcionario de alto rango en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos chileno – que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a réplicas desde el gobierno – consideró que la Constitución actual no necesita una reforma, sino redactarse de nuevo, para lo cuál la única vía es la realización de un plebiscito y la conformación de una asamblea constituyente.

Entre los principales reclamos populares está el de los pueblos originarios que demandan una constitución plurinacional, siguiendo el ejemplo de Bolivia; el reconocimiento explícito para que los tratados de derechos humanos internacionales tengan preeminencia sobre la Constitución o estén al mismo nivel, pero no por debajo de ella; mejorar la protección a la seguridad social, dado que las administradoras de fondos de pensiones son organismos privados con enormes ganancias, mientras que las personas de la tercera edad denuncian pensiones por debajo de la línea de pobreza. También el movimiento de mujeres integra el colectivo que clama por la reforma, con la exigencia de que se incorpore el aborto seguro legal y gratuito.

“La agenda de Piñera promueve menor justicia fiscal y en consecuencia más ingresos para los ricos. Del mismo modo impulsa una agenda en materia de pensiones que profundiza el lucro en el sistema de seguridad social y no da cuenta de una real seguridad social que entienda a las pensiones como un derecho”.

Marcos Barraza
ex ministro de Desarrollo Social

“Los chilenos están inmersos en una economía que vive de materias primas –salmón, madera y cobre-, con poco valor agregado y en manos concentradas, que termina generando bajos ingresos y una sociedad sin derechos. Es un sistema difícil para vivir porque la clase media cuenta con bajos ingresos y alto costo para educar a sus hijos, transportarse y alimentarse”.

Marco Enríquez-Ominami
ex candidato presidencial por el Partido Progresista

El abogado y funcionario de la cartera de Justicia enumeró otros problemas estructurales de Chile: “Numeral 21 es otra parte de la Constitución que permite que muchas áreas de la economía se hayan privatizado, la misma educación y la explotación de recursos naturales: en el año 1971 el cobre se nacionalizó, pero durante la última dictadura eso se dejó sin efecto y se empezaron a vender los recursos naturales a empresas extranjeras; se dictó el decreto ley  600, que es el estatuto de la inversión extranjeras que permitió que hoy vengan grandes empresas a sacar recursos naturales pagando un royalty, que extraen y van acabando las betas. También tenemos problemas con el litio. Somos una economía primaria, extractivista. Antes del último golpe existían los cordones industriales, pero eso se terminó con la dictadura”.

 

La vuelta de los militares

Los testimonios que recogió Lalengua sobre la represión en las calles de Santiago son escalofriantes. “¿Qué hacen acá afuera? Corran que sino en la comisaría hay harto espacio para ustedes”, amenazó un militar a tres amigas que volvían para su casa 20 minutos después del toque de queda. Eran las 20:30 en un barrio muy acomodado de Santiago, donde, según contaron, casi no hubo saqueos. “Toda la noche se escuchan helicópteros, balazos al aire y una sensación de pánico y violencia”, relató una de ellas, que prefirió que su nombre no figurara en la nota.

El sábado 19 de octubre, a un día de las primeras protestas, el presidente Piñera decretó el estado de emergencia, que lo habilitó a suspender algunos derechos ciudadanos en virtud de la defensa o seguridad nacional y a dejar zonas bajo la dependencia del ejército. La medida se mantuvo hasta las 00 horas de hoy. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se registraron 3.243 personas detenidas, entre las cuales hay mujeres adultas y adolescentes que denunciaron haber sido desnudadas en procedimientos policiales, en hechos sucedidos entre las comunas de Santiago, Maipú, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Talca, Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. La mayoría acusó uso desmedido de la fuerza al momento de la detención, además de detenciones a niños y niñas, malos tratos, golpes en rostros y muslos, torturas y vejaciones sexuales, entre otras vulneraciones. La cantidad de heridos y heridas en hospitales es de 1.132 personas según el mismo organismo, que calculó que las muertes fueron 19, aunque extraoficialmente se habla de una veintena de muertos. 

“El ejecutivo entregó información poco certera”, opinó el funcionario del Ministerio de Justicia. Al igual que él, muchos otros abogados prestaron de manera voluntaria servicio jurídico en las unidades policiales para constatar la situación de los detenidos. Es mucho el material que circula por redes sociales sobre abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, y se habla también de zonas subterráneas de torturas y cuerpos que de manera intencional fueron incendiados dentro de supermercados y lugares saqueados.

Uno de los casos más difundidos es el de un estudiante que denunció su secuestro y tortura en una estación de subte en la que,  según relató, había personas colgadas con una soga. “Al revisar el lugar, no encontraron ninguna persona colgada, no encontraron rastros de sangre, pero lo que sí les llamó la atención es que encontraron restos de cuerda y la descripción del lugar solo la podría haber realizado alguien que estuvo ahí”, explicó el funcionario. 

El escenario actual es de total incertidumbre política, mientras los manifestantes se obstinan en no abandonar las calles y los Carabineros en continuar la represión. El eco de las voces en las calles, en tanto, ya encontró resonancia en el Congreso: las fuerzas de la izquierda chilena en el recinto apuntan a concretar el juicio político contra Piñera. El grito del pueblo chileno también llegó a la ONU, que desembarcó hoy en Chile con una Misión de Derechos Humanos que se extenderá, en principio, hasta el 22 de noviembre.