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ESE DERECHO ERA MI LUJO: REFORMAS LABORALES

Las reformas laborales como una agenda regional. Los derechos como excesos y el imperativo tecnológico se repiten en los procesos de Brasil y Argentina. Conversamos con Victoria Basualdo, investigadora del CONICET, y Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva, jueza del Tribunal Regional del Trabajo de Río de Janeiro para pensar los procesos en diálogo.

Por Ariadna Dacil Lanza | Fotos: Gianluigi Gurgigno

“Una buena reforma es la que pasa por la Cámara [de Diputados] y por el Senado y no la que está en mi cabeza o mi equipo económico”, dijo Jair Bolsonaro a la señal SBT dos días después de asumir el Ejecutivo el 1° de enero de 2019. El presidente de Brasil da algunas pistas para responder a la pregunta: ¿en qué se parecen la Corte Suprema de Justicia argentina, el Supremo Tribunal Federal de Brasil y la griega Themis? Se espera que los tres representen la instancia máxima de garantía y custodia del “buen criterio” para hacer cumplir las leyes. Pero mientras que la mujer de ojos tapados, balanza y espada en mano, hija de Gea y Urano, tierra y cielo, era la encargada de impartir justicia en base a la ley divina y la norma social, los poderes judiciales de los dos países latinoamericanos deben hacerlo en base a las leyes mayormente dictadas por sus Congresos. A su vez, quien detenta la presidencia impone gran parte de la agenda parlamentaria, como es el caso de Bolsonaro, quien declaró su intención de “profundizar aún más la Reforma Trabalhista” (RT). 

No es una novedad que la separación de poderes es una formalidad y que la justicia “comienza” desde la redacción del marco normativo, donde están implicados Ejecutivo y Legislativo. La reforma a la que se refería Bolsonaro es la denominada Da Previdência (Previsional) que en Brasil viene a complementar la RT promulgada por Michel Temer en junio de 2017, un legado a profundizar: “Brasil es el país de los derechos en exceso, ahora faltan empleos. Mirá a los Estados Unidos, ellos casi no tienen derechos laborales. No tiene sentido tener derechos y no tener trabajo”. En Argentina, Mauricio Macri tuvo que deponer por un tiempo su propuesta de “sentarse en una mesa” para discutir la Reforma Laboral (RL) aunque dejó en claro que “el trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Ahí lo que hacemos es ir perdiendo lentamente lo que tenemos y condenar a todos los que están afuera”. La incorporación de Miguel Ángel Pichetto a las filas de Juntos por el Cambio renovó el optimismo de imponerse en las elecciones y poder implementar la RL, lo cual fue plasmado en el borrador de la plataforma electoral del espacio.

Premisa 1: los derechos como “exceso”, una línea entre los de adentro y los de afuera 

Si la justicia arranca desde la redacción de los marcos normativos que guiarán al Poder Judicial, habrá que poner el foco en la cocina. Las reformas laborales en Brasil y Argentina fueron impulsadas desde los Ejecutivos Nacionales a través de sus respectivos parlamentos. El Poder Judicial, ya sentado a la mesa espera el plato principal pero se verá que ya empezó a picotear. El presidente Macri, cada vez que mencionó públicamente “la necesidad” de una reforma laboral introdujo algunas premisas: los trabajadores registrados deben resignar “beneficios” para que un tercio de la población activa –no registrada- mejore su condición. “Hay una agenda regional que trata de reposicionar a los derechos laborales como un “lujo”, como una cuestión de “exceso” que hay que rearmar para volver las cuentas más lógicas y dice que  tenés que reducir tus derechos para que otros los tengan. Los intentos de Reforma Laboral son una marca de origen de esta serie de gobiernos que dieron un giro a la política en América Latina. Pero hablar de RL implica ser un poco indulgentes porque algo que podría ser muy positivo termina siendo una contra-reforma, un proceso de pérdida de derechos. En el caso argentino se puede ver que en 2017 se intentó plantear un proyecto de reforma unificado que fue rechazado como tal y se optó por la fragmentación”, dijo a Lalengua Victoria Basualdo, investigadora del CONICET y coordinadora del Programa “Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial” de FLACSO Argentina. Por su parte, Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva, jueza del Tribunal Regional del Trabajo de la 1ra Región (Río de Janeiro), instancia previa al órgano máximo de la justicia laboral, el Tribunal Superior de Trabajo, explicó en diálogo con Lalengua cómo fue el proceso que derivó en la sanción de la RT en el país vecino: “Durante la tramitación de la RL impulsada por Michel Temer, y ahora con Jair Bolsonaro, todo el discurso empresarial y legislativo estimulado por el gobierno fue que la Reforma Trabalhista sería necesaria para reducir la informalidad. El senador Ricardo Ferrasio (Partido de la Social Democracia Brasileña – PSDB) que fue el relator de la Ley 13.467 de 2017 – la principal ley de la RT que modificó sustancialmente la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT), nodo central de las regulaciones laborales en ese país- llegó a decir que el Congreso Nacional debía mirar al 55 millones de trabajadores desempleados o en la informalidad, y que el Congreso tenía que ver al total de la sociedad preservando el derecho de los incluidos pero mirando a los excluidos, a los precarizados. El discurso de reducción de la informalidad a partir de la reforma es una falacia que ya fue demostrada en los años noventa, los años neoliberales de Fernándo Enríque Cardozo, cuando tuvimos nuestra primera RT, y ahora también se demuestra porque ha pasado un año de la RT y lo que tuvimos es una ampliación de la informalidad”.

Premisa 2: las legislaciones laborales taponan el avance tecnológico. Aggiornar y flexibilizar

La segunda premisa que predica Macri en público es que la legislación laboral es vetusta – ejemplo la Ley de Contrato de Trabajo data de la dictadura- y es necesario “aggiornarla” conforme a las promesas de “los cambios tecnológicos”. Pero ¿estos tienen posibilidad de incorporarse en procesos virtuosos? Alejandro Díaz, CEO de AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) el 13 de junio en una columna publicada en El Cronista donde apuraba la necesidad de una reforma laboral, dijo: “en la actualidad conviven regímenes legales de más de 70 años, con criterios jurisprudenciales vetustos”, una premisa compartido por un amplio espectro ideológico pero que a Díaz lo pone en sintonía con Macri, y aseguraba que los “institutos de la Ley de Contrato de Trabajo que necesariamente deben ser interpelados son la jornada laboral, las vacaciones y la antigüedad”, porque “están pensados para premiar la estabilidad antes que la productividad”. En este sentido, la jueza laboralista brasileña explicó que “la relación del derecho laboral con las nuevas tecnologías desde el origen mantiene una tensión”, pero que “la gran cuestión es saber cuál es la relación: ¿debe proteger al trabajador o debe estimular una precarización a partir de las nuevas tecnologías?”. A su vez, repasó algunas de las reformas de los marcos laborales de los últimos años: “La Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) [nodo de las legislaciones laborales en Brasil] son fruto de una transformación permanente. En la RT de 2017 tuvimos la introducción de la figura del teletrabajo, sin pago de horas extras y sin control de la jornada, y también se incorporó la tercerización de la atividades-fim [o principal], o sea la subcontratación de todas las actividades de la empresa. El año pasado se aprobó una ley que admitió el ‘transporte remunerado privado individual de pasajeros’ y el pasado 14 de mayo salió el Decreto 9792 que estableció que estos conductores que usan aplicaciones o plataformas son considerados micro emprendedores individuales, o sea trabajadores autónomos a los fines previsionales lo que tiene un impacto muy negativo y afecta a la consideración de si son empleados o no. En el gobierno de Bolsonaro se da más fuertemente esta cuestión de las plataformas para precarizar”. 

En la escena argentina, Basualdo reconoció que la imposibilidad de modificar los marcos más macro se tradujeron en batallas fragmentadas en distintos niveles, una de ella fue en la negociación colectiva que definió como “un campo de batalla” donde se “trata de llevar a esa instancia aquellas cuestiones que no pueden garantizarse a partir de cambios normativos amplios. Por un lado, si hay cambios tecnológicos los trabajadores intentan que en la negociación colectiva se pueda garantizar formación en el cambio tecnológico y que esto no implique la pérdida de puestos de trabajo, ni de derechos, y los empresarios intentan usar el cambio tecnológico como justificación para el comienzo de cero de las normativas”. Mientras Corea del Sur, Singapur, Japón o Alemania, países con la mayor densidad de robots del planeta podrán estar preocupados por el desplazamiento de trabajadores de sus roles tradicionales, en Argentina y Brasil los fenómenos de desocupación, informalidad y precarización laboral no parecen ser problemas causados por la introducción de tecnología de punta. Y como tal, tampoco podrían esperar soluciones únicamente a partir de ellas. 

Reforma laboral no es reforma trabalhistas: la diferencia ¿es la resistencias?  

Cabe una lectura en diálogo entre Brasil y Argentina pero existen condiciones históricas y actuales que los diferencian. En el primer caso, no solo se concretó la Reforma Trabalhistas, sino también la sanción de la ley de tercerización laboral –que la extiende a todas las actividades primarias y secundarias- y el congelamiento del gasto público por 20 años. ¿Qué margen tendrá la justicia en Brasil en materia laboral? Sumado a esos tres ejes nodales “Bolsonaro ha profundizado la RT, eliminó el Ministerio de Trabajo y Empleo y disolvió algunas de sus competencias [una parte pasó al Ministerio de Justicia a cargo del Juez del Lavajato Sergio Moro, y otra -relativa a la generación de empleo- a cargo del superministro de Economía Paulo Guedes] y eso está desorganizando todo el sector de protección social, de seguridad y salud del trabajador. También disminuyó los concejos con participación de la sociedad civil, incluyendo los concejos nacionales relacionados a políticas trabalhistas, como el de combate al trabajo esclavo o contra el trabajo infantil. Redujo las posibilidades de los trabajadores de recurrir a la justicia para defender sus derechos, creando costos altos para ese acceso, y se pasó de dos 2 millones 700 mil a un millón menos en un año, porque crearon mecanismos pocesales para dificultarlo. Entonces es una reforma que lesiona los derechos humanos”. 

En cambio en Argentina, como describió Basualdo, se logró frenar parcialmente el programa flexibilizador del gobierno nacional, porque “se ha podido confluir en movilizaciones muy significativas y en paros que no se ven en otras partes del mundo, como el que se logró el año pasado con congelamiento total de actividades que muestra la persistencia de estructura de representación muy significativa” y agregó que en 2017 su programa incluía: “tres reformas que se querían introducir al mismo tiempo: la previsional, la tributaria y la laboral”. Las dos primeras avanzaron y “la laboral se intentó plantear en un proyecto unificado pero fue rechazada como tal y se optó por la fragmentación en tres proyectos que se presentaron en mayo de 2018: el proyecto de Regularización del trabajador no registrado o “Blanqueo Laboral”; el sistema de prácticas formativas para los estudiantes, o pasantías; y la creación de la AGNET -organismo autárquico vinculado a la Secretaría (ex Ministerio) de Salud- para reducir la litigiosidad a favor de las obras sociales, limitar la posibilidad de incluir nuevas las prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO). Proyecto que ya tiene media sanción y es un intento de reducir los alcances de conquistas en el campo de la Salud”. La fragmentación también hizo que algunos aspectos “se incluyeron en la Reforma Tributaria, otras se presentaron como proyectos el año pasado”, y siguen  intentando “avanzar por distintas líneas”. 

El texto original tenía como uno de sus ejes la tercerización laboral y apuntaba a disminuir la responsabilidad empresarial, pero ni siquiera ingresó al Congreso Nacional. “Esto tiene que ver con procesos de resistencia muy fuerte porque las relaciones laborales son un núcleo central de la discusión actual en América Latina”, explicó Basualdo y agregó que “la RL logró ser enfrentada por un conjunto amplio de sectores sociales porque hay un posicionamiento muy fuerte de defensa de estructura de derechos que se conquistaron en décadas de movilización y con enormes costos sociales”, mientras que en Brasil “fue más desarticulado” y por eso se avanzó con la RT. Hay que mirar un proceso de dialogo teniendo en cuenta las especificidades políticas y de las capacidades de resistencia”

En Brasil, la RT logró eliminar la obligatoriedad de las contribuciones sindicales, lo que ha complicado su financiamiento y es considerado un paso decisivo para romper con el proceso de resistencia que impulsaron las seis centrales sindicales de ese país junto a otros movimientos sociales. Los datos oficiales indican que en 2018 -a un año de la reforma- los sindicatos perdieron 90 por ciento de las contribuciones sindicales, y la recaudación cayó de R$ 3,64 billones en 2017 a R$ 500 millones el año pasado, y se espera que siga bajando. Así como Bolsonaro continuó profundizando el legado de la RT, en Argentina más allá de una mega modificación de la LCT hay otros intentos de avanzar con nuevas reformas de desregulación sectoriales, como ya lo hicieron en hidrocarburos, lácteos, transporte marítimos, y van por textil y la metalurgia. También hubo en febrero de 2017 reforma de la ley de riesgo de trabajo -introdujo instancia pre juicio comisiones médicas jurisdiccionales- y desde la Justicia hubo un falló contra un medico monotributista del Hospital Alemán que tenía 10 años de servicio y que no fue reconocido como empleado de esa institución. ¿Esto también es parte de la estrategia de una reforma o es una debilidad institucional del partido de gobierno? Hasta ahora se repasó el aspecto legal y los intentos de introducir normativas ya sea unificadora o fragmentaria para cambiar las condiciones pero “hay otras tres vías: una es la insistencia del descrédito público y denuncia del sindicalismo como una estructura corrupta, no quiere decir que no haya corrupción, burocratización, y sindicalismo empresario, pero el gobierno busca mostrar casos como norma para invalidar de origen a una estructura representativa; dos, el descredito de la justicia de Trabajo que garantizan es el cumplimiento de las normas laborales y de reparación para el trabajador – un punto común con Brasil-. Se habla de la cuestión de la litigiosidad laboral como un problema que no permite garantizar esquemas de funcionamiento para el sector privado; y tres, hay una serie de procedimientos administrativos e institucionales muy importantes por las que el Estado puede desacreditar la acción sindical”. 

La jueza laboralista brasileña también mencionó los procesos de descrédito del sindicalismo: “sigue existiendo un alto nivel de sindicalización -tenemos 20 por ciento de la población activa en esa condición-  pero hay una construcción de los sindicatos como pelegos”, metáfora que ironiza con “aquello que se coloca entre el caballo y el montador para disminuir el impacto de la montada”, serían quienes amortiguarían el golpe de las luchas de los trabajadores frente al sector empresario. Pese a ello, reconoció que “existen muchas tendencias y hay un sindicalismo fuerte, no es que no haya problemas pero no son generalizados”. Finalmente incorporó un argumento aún más global que complejiza estas contrareformas: los costos laborales son muy altos y esto inhibe a las inversiones extranjeras. Incluso “organismos internacionales hacen índices que clasifican a los países” con esos criterios y donde “el propio derecho se mercantilizó. No es apenas el trabajador una mercancía, sino que hay una mercantilización del propio derecho. Tiene un carácter perverso”.  Así también el hecho de no apostar a la formación  de los trabajadores para fortalecer industria nacional significa “colaborar para una división internacional del trabajo bastante desfavorable para nuestros países periféricos”. 

Lo que detecta es, entonces, un proceso de internacionalización de la producción sin la globalización de los derechos laborales y donde los organismos internacionales “critican a los estados nacionales por haber permitido las violaciones a esos derechos”, sin mencionar las responsabilidades de las empresas por sus cadenas productivas, independientemente de dónde se hayan cometido esas violaciones. El siguiente capítulo en Brasil será la Reforma Previsional que ya está en la agenda de Bolsonaro. La propuesta no solo busca “establecer menos derechos sino que acaba con el sistema de seguridad pública. Es una privatización del sistema previsional y reduce la diferencia entre hombres y mujeres”. 

Nuevas formas de crecimiento y subjetivación: modernizar es flixibilizar

Existe, entonces, una tendencia a la modificación de los marcos normativos y de los criterios que guían a la justicia laboral, dejando de lado el paradigma de protección de los trabajadores.  Esto se agrava si se toma en cuenta la erosión de la relación laboral como tal y de la identidad de los trabajadores como trabajadores. “El capitalismo de plataformas logra armar una estructura de relaciones laborales donde no hay empleadores ni trabajadores – explicó Basualdo -, sino emprendedores que de manera independiente, autónoma y voluntaria asumen un proceso de trabajo, y donde pese a que hay un empleador supervisando todo tu desempeño laboral no se considera un empleador, sino un intermediario”. Se alienta la idea de que “lo mejor que te puede pasar es estar por fuera de una relación laboral porque sos independiente, flexible, autónomo, manejas tu propia vida y sos el dueño de tu tiempo. Una construcción identitaria del emprendedor como una nueva identidad por fuera de la relación laboral. Es alguien que se salva por las suyas. Esa estructura se visibiliza en los momentos de crisis donde nadie la cubre porque no es una relación laboral. Pero es en el activismo donde reside la “posibilidad de construcción de sujeto”, añadió.

Las reformas laborales dedicadas a incorporar nuevas modalidades de contratación –temporales, pasantías, mes o año sabático-  ¿tienen una tendencia flexibilizadora o son un paso necesario para desarrollar el mercado de trabajo y dinamizar la economía? ¿son desregulaciones o, como dijo Basualdo, “re-regulaciones” impulsadas por estados neoliberales? “El argumento ‘hay que resignar derechos para que otros los tenganpromovidos por sectores del gobierno y del establishment económico funciona exactamente al revés, hay proyectos internacionales y movimientos sociales muy grandes por ejemplo en EEUU y Gran Bretaña –donde la ofensiva contra la organización sindical fue muy fuerte-analizando vías para fortalecer la negociación colectiva a nivel sectorial porque se considera que estas traccionan beneficios para el conjunto. Hay que tener en cuenta a los desocupados, los no registrados y los precarizados -asociados a la tercerización- fortaleciendo y haciendo extensible el sistema de negociación colectiva para incluirlos a un colectivo con derechos plenos”, aseguró Basualdo, mientras que Sayonara Grilho afirmó que “es un discurso que no tiene ningún fundamento real porque en Brasil fue durante el mayor crecimiento económico, de formalización y efectivización de derechos cuando el número de empleados formales creció. Fue en los gobiernos de Luis Inacio “Lula” Da Silva y de Dilma Rousseff, cuando se produjo el cumplimiento y ampliación de la legislación trabalhista y crecimiento económico aun con salarios todavía bajos”. 

Si en otro tiempo el lema que sintetizaba la idea de un estado moderno era el aciago “gobernar es poblar”, ahora se impone una promesa de gobierno más sexy y moderna: “gobernar es dejar emprender”. Más allá de seguir con los ojos tapados o no, ese también será el criterio que guíe a Themis.